Debatirán futuro del aeropuerto Jorge Chávez en audiencia pública de Ositran

Los principales actores públicos y privados de la industria aérea peruana participarán en los próximos días en una audiencia pública den las oficinas del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Trasporte de Uso Público (Ositran), en Surquillo, donde se debatirá el futuro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Uno de los presentes será Carlos Gutirréz, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), quien insistirá en el pedido de las aerolíneas para que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) se ponga de acuerdo con el Estado en el pronto inicio de la aplicación del aeropuerto capitalino, camenzando con la urgente construcción del segundo terminal de pasajeros ya que el actual ha colapsado.

“Tiene capacidad para 10 millones de pasajeros, y el año pasado lo cerró con 22 millones (…) Esta obra es prioritaria respecto de la construcción de la segunda pista de aterrizajes, que también es parte de la futura ampliación del Jorge Chávez”, explicó el representante del gremio de compañías aéreas.

Según informó el diario El Comercio, la preocupación radica en que, por el momento, ninguna obra se puede adelantar en el primer terminal aéreo del país si el Estado no entrega antes a LAP la totalidad de los terrenos faltantes para hacer una ampliación integral.

La cuestión es que esa entrega, prevista para el 2017, está nuevamente retrasada por problemas de saneamiento y un proceso judicial con la familia Skinner, que aduce ser propietarios de parte de las tierras.

El pedido de las aerolíneas es que se adelante, a través de una octava adenda, al contrato de concesión, la ampliación del aeropuerto, y que esta vez sea por etapas, comenzando por el nuevo terminal de pasajeros, ya que el área donde se levantará ya está en manos de LAP.

Sin embargo, para la ex presidenta de Ositran, Patricia Benavente, éste no es un asunto sencillo. “El Estado se encuentra en desventaja para negociar una octava adenda con LAP, debido a que no ha cumplido con entregar los terrenos para las obras”, comentó.

Vale recordar que es por retrasos de este tipo que, precisamente, hace dos años el Estado amplió la concesión a favor de esta empresa hasta el 2041 (inicialmente era hasta el 2031), como parte de la séptima adenda.

Por su parte, Celso Gamarra, socio de Infraestructura del estudio Márquez & Abogados y ex director general de Concesiones en Transportes del MTC, sostiene que LAP sí podría aceptar una octava adenda al contrato de concesión y adelantar la construcción del segundo terminal de pasajeros. “Es algo que se conversó y avanzó bastante antes de firmar la sexta adenda, en el 2013, pero no se llegó a concretar”, recordó.

Consultado al respecto, LAP aclaró que para ellos es muy importante “que la pista y el terminal se construyan de manera simultánea”, para que ambos estén operativos al 100% cuando el nuevo terminal sea inaugurado.

Ante ese panorama, Patricia Benavente sugiere que se trabajen fórmulas legales para que LAP ejecute obras temporales que descongestionen el aeropuerto Jorge Chávez, como la habilitación de los 60 mil m2 del Grupo 8 (al norte del aeropuerto), que las Fuerzas Armadas se han comprometido a ceder al concesionario, un ofrecimiento que todavía no se concreta y que permitiría a LAP incrementar el número de parqueos para naves en más de 30%, de acuerdo a la propia empresa.

Además, sugiere ver la solución de este problema más allá del propio espacio del Jorge Chávez, integrando a los aeropuertos de Las Palmas (Surco) y Pisco, además del aeródromo de Libmandi (Santa María), para que operen con vuelos domésticos, o de ambulancia y taxi aéreo, por ejemplo. Todo ello, por cierto, requeriría una nueva adenda al contrato.

“LAP tiene que asumir el costo de perder competitividad, no se puede quedar de brazos cruzados, y nosotros tenemos que asumir que ya no somos el ‘hub’ que todos creen”, indicó Benavente, en declaraciones al suplemento Día 1.